La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) muestra su “total disconformidad” con la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, admitida ayer a trámite en el Pleno del Congreso de los Diputados, para reformar la Ley 5/2011, de 31 de marzo, de Economía Social.

La iniciativa tiene por objeto reconocer como economía social «los establecimientos de hostelería y restauración situados en pueblos de menos de 200 habitantes, y los pequeños comercios, incluida la venta ambulante, que prestan sus servicios en pueblos de menos de 200 habitantes».

La proposición de ley, que se tomó en consideración por 303 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, contiene un único artículo que modifica el apartado uno del artículo 5 de la Ley de Economía Social para añadir estos servicios como categorías de entidades de la economía social con el objeto de que puedan beneficiarse de su régimen jurídico.

El presidente de CEPES señala que, siendo conscientes del grave problema que están sufriendo las zonas rurales en España y la necesidad de generar instrumentos que sirvan para combatir la España Vaciada y desarrollar estos territorios, la modificación legislativa que se plantea en esta proposición de ley no es la herramienta más adecuada. Es un error confundir la promoción de actividades o sectores económicos con la potenciación de un determinado modelo empresarial.

Pedreño apunta que, si bien es innegable que los establecimientos de hostelería y comercio son “esenciales” para el desarrollo económico y la cohesión social en las zonas rurales, “el beneficio económico y social que estos establecimientos puedan generar no dependen de cómo éstos se hayan constituido jurídicamente para operar y, por tanto, no debe confundirse con los elementos configuradores de las empresas y entidades de economía social, que están claramente definidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011.

“Esta solución no supone en sí misma una medida de incentivo para desarrollar estos establecimientos en el medio rural y vendrían a distorsionar el concepto de economía social”, señaló el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño. “La medida incorporada en esta proposición de ley supone la creación de formas jurídicas empresariales a la carta, a partir de los valores y principios de la economía social, lo que supone desdibujar y desvirtuar este modelo empresarial”, añadió.

Asimismo, Pedreño incidió en que, el posicionamiento en contra de la proposición de ley fue unánime por parte de todos los miembros de la Junta Directiva de CEPES y así fue transmitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social antes de la toma en consideración de esta proposición.